El non bis in ídem y el profesional freelance

El non bis in ídem es un principio con aplicación jurídica que se basa en impedir que un mismo asunto que ya ha sido absuelto o por el contrario sancionado, pueda volver a ser puesto en revisión y pueda volverse a juzgar para sancionar o absolver nuevamente, o que sea sancionado doblemente.

Lo anterior, tiene que destacarse que no tiene nada que ver con el proceso de alegaciones y recursos que reglamentariamente puedan existir durante el desarrollo de un expediente sancionador administrativo o de una causa que se encuentra en los juzgados, pero sí que tiene que ver con el hecho de que una cosa que ya ha sido sentenciada en firme no puede volver a ser reabierta ni juzgada. También tiene que ver con el hecho de que una misma causa, concreta, vinculada a un mismo e idéntico sujeto, no puede perseguirse por una doble jurisdicción.

Todo lo anterior tiene extrema relación con la seguridad jurídica, pues mediante la aplicación del principio non bis in ídem lo que se pretende es que una persona no pueda verse perseguida indefinidamente por una causa, ni que pueda ser perseguida por vías distintas (por ejemplo penal y administrativa) por el mismo asunto.

Sobre todo lo anterior, quien lea este artículo puede que esté pensando que todo ello está muy bien pero que en realidad todo lo expuesto ninguna relación con el profesional freelance. Craso error comete quién ello piense, pues la relación con el profesional freelance, como la relación con cualquier otra persona con el principio non bis in ídem in ídem es enorme, y lo es pues pueden existir multitud de situaciones en el que un profesional freelance puede verse implicado en asuntos donde la aplicación de este principio le pueda resultar clave.

Sin ir más lejos, por ejemplo (y para que pueda verse un simple ejemplo de muchos otros casos, supuestos y asuntos que pudieran darse), un profesional freelance puede verse involucrado con aspectos con la Seguridad Social. Un caso que podría darse es por ejemplo aquel en el que administrativamente este organismo le abre expediente sancionador por incumplir la normativa vigente en seguridad e higiene del negocio que regenta, entendiendo la misma que ese mismo asunto, además de merecer la sanción por infracción administrativa, debe de ser perseguido penalmente.

Ante tal supuesto tendríamos que dirigirnos a la numerosa y clara jurisprudencia que el garante del orden constitucional, el Tribunal Constitucional, y el alto tribunal plasmado en el Tribunal Supremo han ido estableciendo respecto a que aquellos principios que emanan del orden penal también resultan aplicables en orden sancionador administrativo.

Entonces visto lo anterior, y partiendo de la base que en cualquier Estado de Derecho el principio del non bis in ídem debe resultar de aplicación es que debe interpretarse que en ningún caso puede aplicarse una doble sanción administrativa y penal. Todo ello dando por supuesto que existe identidad e igualdad entre las distintas sanciones que se pretenden imponer, de objeto, así como de sujeto y de causa.

Si nos fijamos en el caso del supuesto anterior expresando en relación al ordenamiento jurídico interno español, nos encontramos con que tal imposibilidad de aplicar una doble sanción emana directamente de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en el artículo 5 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo y en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pues es al tenor de estos preceptos en los que se puede ver que no corresponde imponer una doble sanción.

Por supuesto lo anterior no puede aplicarse a todos los asuntos, pues entenderlo así podría llevar a confundirnos y pensar que por ejemplo pueden existir asuntos de distinta naturaleza que aun y vinculados en un mismo asunto (un robo con fuerza que termina con asesinato por ejemplo) no puedan ser castigados por todos los delitos cometidos, ni que no puedan imponerse las sanciones penales punitivas y las indemnizaciones para resarcir que puedan existir, pues evidentemente que pueden imponerse.

A lo que nos hemos venido refiriendo a lo largo de todo este artículo es que una causa que tenga la misma naturaleza, en la que el fundamento y sujeto de los hechos sea el mismo no puede aplicarse una doble sanción.

Entonces, ¿cómo debería actuarse ante un supuesto así en el que por ejemplo la Seguridad Social actúe administrativamente y pretenda perseguir también el asunto por la vía penal? Bien, partiendo de la base que la raíz de todo el asunto es la misma, y que de la doble sanción que se persigue imponer no corresponda a personas de naturaleza distinta (por ejemplo física para un asunto y jurídica para el otro) la Seguridad Social debería de esperar a la resolución penal del asunto tal y como emana del RD 5/2000 de 4 de agosto en su artículo tercero y tal y como ha venido proclamando de forma reiterada e inequívoca el TS español.

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