Cómo acogerse a la prescripción de las sanciones tributarias

Si en algún momento se nos impone una sanción de carácter tributario (entiéndase que por ejemplo, y aunque muchas personas no lo sepan, las sanciones de tránsito locales gestionadas por la hacienda local tienen consideración de sanciones tributarias a los efectos de lo que aquí nos ocupa) distintas son las vías para que de forma completamente legal finalmente no se terminen pagando. Veamos aquí algunas consideraciones al respecto.

Ante todo decir algo muy importante, este artículo no pretende ni quiere animar, instar o defender que no se paguen las multas, las sanciones que se nos puedan imponer, ni por supuesto que se busquen fórmulas o subterfugios legales para impedir o retrasar el cobro de las mismas. Las sanciones que se nos impongan se deben pagar, esa es nuestra obligación, pero también es nuestro derecho conocer las formas en las que establece la ley por las cuales estas sanciones impuestas a nosotros por parte de la administración pública quedarán sin derecho de ser cobradas por parte de la misma.

Destacar también que resulta muy importante exponer este tema a quienes se dedican al ámbito del trabajo autónomo – freelance, pues si bien las sanciones de carácter tributario afectan a todo tipo de personas, personas de todo tipo y condición, también lo es que en el colectivo de autónomos y freelancers éstas tienen una especial incidencia.

Dicho lo anterior, corresponde entrar en materia:

Distintas son las formas que existen en realidad de poner fin a un procedimiento sancionador contra nosotros. Obviamente el más destacado y destacable es el que se daría por la resolución a nuestro favor de cualquier recurso contra la sanción interpuesto por nosotros en alguno de los estratos de alegaciones que la ley nos pueda otorgar. Pero, ¿qué sucede cuando ya hemos recurrido a todas las instancias posibles y la resolución siempre ha sido negativa? ¿Qué sucede si no hemos alegado nada y tampoco pagamos la sanción?

En cualquiera de los dos supuestos que se indicaban anteriormente lo que sucederá es que se nos exigirá el pago de la sanción y de no satisfacerla voluntariamente se iniciará un proceso digamos que forzoso por parte de la administración que perseguirá cobrarse lo que le adeudamos por la vía del embargo de nuestros bienes. Llegados a este punto, podría darse los teóricos supuestos de que la administración pública competente diese por terminado el proceso mediante su desistimiento de proseguirlo, su renuncia o caducidad del mismo, así como por la imposibilidad material de terminarlo, pero en realidad ese no es el aspecto en los que deberemos poner más atención, pues donde tendremos realmente una gran legal baza es en la prescripción de las acciones contra nosotros para cobrarnos esa sanción.

Atención que cuando hablamos de la prescripción en este artículo no estamos hablando de la prescripción del derecho a imponernos  la sanción o lo que fuere, pues eso serían otros casos y tendría otros periodos. Nos estamos refiriendo al derecho a perseguirnos, a cobrarnos esa sanción cuando la misma ya se encuentra en vía ejecutiva, en proceso de embargo. Dicho de otro modo, una cosa será el tiempo que transcurre desde que se nos denuncia hasta que se nos impone la sanción, luego los plazos que tenemos para recurrir y pagar ésta, y luego sino pagamos los plazos que tiene la administración para perseguir que le paguemos.

Llegados a este punto deberemos estar al tenor (y por supuesto siempre hablando de la legislación española, así que si se habla de otras jurisdicciones, desde otros países, desde los que la persona lectora de este artículo lo esté leyendo esto no aplicará) de lo que establece en relación a la prescripción del derecho a perseguir el pago la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La misma, la vigente LGT, nos indica en su artículo 66 que “prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos”, indicando específicamente en su apartado b) el aspecto clave que aquí nos atañe, específicamente en dicho punto la LGT dicta que en dicho plazo de cuatro años prescribe “el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas”. Ahora bien, a lo anterior cabe añadir que según la LGT vigente, ello es así siempre y cuando no se dé el supuesto que se expone en el artículo 68.2 a) en relación a la interrupción de los plazos de prescripción. Punto donde se indica que no aplicará la prescripción viéndose interrumpido el plazo “Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria”.

Entonces, ¿dónde se encuentra la clave del asunto que aquí se viene dilucidando? Bien, la clave de todo se encuentra en un único concepto, en el que habla del “conocimiento formal del obligado tributario”. Dicho de otro modo, la clave no está en si nos intentan embargar y encuentran algo o no, la clave no está en la cantidad ni en muchas otras cosas. Incluso, la clave no está en los intentos de la administración por comunicarnos que debemos pagar, la clave está en que estas comunicaciones que nos intentan hacer se produzcan con nuestro “conocimiento formal”, es decir: que nos la hayan entregado en la forma y fondo que exige la ley.

Es muy importante conocer que no basta con que nos envíen una carta por correo, ni tan siquiera que nos envíen una carta certificada o muchas otras formas que puedan parecer formales. Ni tan siquiera que nos entreguen una carta en un domicilio donde presuntamente y de forma presumible habitamos. En estos casos lo que pueda parecer, así como lo presunto y lo presumible no servirá, para que la administración pueda decir que nos ha comunicado de manera formal una comunicación la misma deberá ser realizada a nosotros mismos en persona y contar con nuestra firma.

Así, y visto lo anterior, queda claro que si transcurren cuatro años de plazo, y en ese periodo la administración no nos ha comunicado nada o bien nos lo ha intentado comunicar pero por el motivo que fuere no ha conseguido dar con nosotros, no ha conseguido localizarnos y que le firmemos en la entrega no existirá la formalidad requerida en la comunicación  y podremos instar en base al artículo 66b) de la vigente LGT la prescripción de las acciones y en consecuencia la anulación de nuestro expediente sancionador.

Dado ese caso, ¿cómo deberemos actuar? De forma muy simple. Una vez conozcamos que ha transcurrido ese periodo de tiempo deberemos presentar un escrito ante la administración pública que corresponda y, por supuesto, en la forma y fondos que resulten admitidos en base a derecho, en el que se inste a la misma a dar por finalizado el procedimiento contra nosotros en base a la prescripción de las acciones anteriormente mencionadas y en aplicación de las leyes y preceptos que se han mencionado.

Finalmente decir que resultará vital que cuando presentemos el documento ante la administración pública, acudamos con dos copias de la solicitud, una para que se la quede la misma administración y otra para nosotros, ésta última resulta extremadamente importante que en el registro donde presentemos la petición nos entregue el documento sellado conforme lo recibe y cuando lo reciben para que podamos tener una prueba fidedigna de cuándo, dónde y en la forma que se ha entregado.

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