Los puntos esenciales de la LSSI para el freelance

Son muchas las leyes que de un modo u otro tienen una afectación en el profesional freelance. Una de las leyes (en el marco legislativo español) que tiene mayor impacto es la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, también denominada LSSI. Analicemos la misma.

De entrada reiterar lo que se indicaba en la introducción de este artículo: en realidad no se puede, ni se debe hablar de una única fuente legal que tenga relación directa o indirecta con la labor diaria de un profesional freeance, pues obviamente la misma se vera interferida y moldeada por todo tipo de regulaciones fiscales, laborales y de muchos otros tipos, pero sin duda si por la propia idiosincracia y labor de la mayoría de trabajadores freelance nos guiamos, la LSSI tendrá un gran impacto en el profesional freelance.

¿Y con qué objetivo nació la LSSI? Bien se puede decir que, además de otras leyes complementarias y de diverso alcance que vengan a poner orden y enmarquen todo lo relacionado con la actividad profesional que se enfoca a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como al comercio electrónico, esta ley vendría a ser la pared maestra, el pilar regulatorio sobre el que se pretende sustentar, y en el que se pretenden encuadrar las acciones y actividades en estos ámbitos.

Así, podemos ver que esta ley nació para legislar sobre la sociedad de la información y el comercio electrónico, regulando en gran medida todos los aspectos relacionados con este ámbito. Pero eso, dicho así, puede parecer inabarcable, inmenso, pues las implicaciones y ramificaciones que puede tener, y la afectación en distintas personas, grupos y capas de la sociedad pueden ser inmensas, así que vamos a enfocar este artículo en base a los puntos esenciales que afectan más al profesional freelance.

En primer lugar, cabe determinar que esta ley afecta y alcanza a todos aquellos prestadores de servicios que tengan relación con la sociedad de la información o el comercio electrónico, tal y como establece el artículo 2 de la LSSI. Artículo que en su literal dicta que “esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información … y a los servicios prestados por ellos”. Dicho de otro modo, está ley alcanza en gran medida a un gran número de profesionales freelance, pues en su gran mayoría, dentro de la acepción actual del termino freelance la mayoría se encuentran encuadrados dentro del marco de sujetos a esta ley.

A colación con la determinación del alcance de la LSS determinar que la misma en sus artículos 2, 3 y 4 determina y diferencia entre distintos prestadores de servicios, pues mientras en el artículo 2 nombra a los prestadores de servicios “establecidos en España”, en el siguiente artículo se refiere a los prestadores de servicios de otro “estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo”, mientras que finalmente, el artículo 4 se refiere a los prestadores de servicios situados en otras ubicaciones diferentes de las mencionadas anteriormente.

Aquí, y para el caso que en este artículo nos ocupa, vemos que una gran mayoría de los freelancers se encontrarás situados en lo que establece el artículo 2 de la LSS, es decir, a los freelance ubicados en España, y que la ley define concretamente como que

“Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que éstos coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección”

Visto lo anterior, cabe adentrarse en dos conceptos esenciales de la LSSI. En primer lugar cabe mencionar que no se requerirá de autorización previa para poder ejercer la prestación de servicios en esta Ley regulada (art.6 LSSI), y que la prestación de servicios se basará bajo el principio de libre prestación de servicios (art. 7 LSSI). Dicho de otro modo, podremos prestar nuestros servicios siempre que lo deseemos sin tener que pedir permiso a nadie (sin que ello resulte óbice para que no deba cumplirse con las debidas diligencias administrativas que se puedan requerir), y que estos servicios se podrán prestar libremente sin que -como norma general, salvando particularidades concretas- nos puedan exigir requisitos o condiciones previas, siempre y cuando seamos prestadores de servicios nacionales o comunitarios.

A partir de ese punto podríamos entrar en una retahíla de artículos, de apartados y de aspectos concretos que afectarán más o menos a cada persona y negocio en particular según su dedicación concreta, pero existen tres puntos clave que vendrían a ser como tres elementos centrales que tienen una afectación transversal: las comunicaciones comerciales por vía electrónica en el marco de esta ley, la contratación por vía electrónica y, finalmente, las sanciones que aplican por las infracciones que se puedan cometer sobre lo establecido por la LSSI.

En el último punto, en el de las sanciones que pudieran corresponder no vamos a detenernos, pues si bien es claramente un aspecto importante, el mismo tendrá un u otro impacto según la sanción y el caso concreto que no es un impacto con carácter general. Por ello, en todo caso, ese punto se debería tratar personalizada y pormenorizadamente en un artículo realizado específicamente a tal efecto. Ahora bien, donde sí que nos detendremos es en los otros dos siguientes aspectos: las comunicaciones comerciales y la contratación por vía electrónica.

En el primero de los supuestos, el legislador mediante esta ley, y las otras de aplicación -pues no debemos olvidar que por ejemplo “las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán, además de por la presente Ley, por su normativa propia y la vigente en materia comercial y de publicidad” (art.19.1 LSSI)- pretenden limitar la forma en la que como prestadores de servicios a nuestros potenciales objetivos, todo ello con el fin de evitar abusos y malas praxis en ello. En relación a esto uno de los apartados más destacados lo encontramos en el que tiene relación que asisten a los destinatarios de nuestras comunicaciones y especialmente a la facultad de estos que podrán “…revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente”, para ello tendremos la obligación de “habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección”.

Finalmente, y en relación con la forma de plasmar una contratación por vía electrónica de nuestros servicios, destacar que la ley establece entre otros muchos puntos, uno de determinante cuando dicta que “para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos” (art. 23.2 LSSI), es decir, que podrán celebrarse este tipo de contratos sin que antes debas requerir el consentimiento previo de la contraparte, y cuando dicta que “en todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental” (art.24.2 LSSI) lo que corrobora la validez legal de los mismos.

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