El profesional freelance y la insolvencia punible

Hoy en este artículo vamos a tratar de un tema que puede afectar a cualquier profesional freelance, y que en realidad es aplicable y puede suceder a cualquier persona. En este caso vamos a hablar de que sucede cuando el profesional freelance (como se decía en realidad como cualquier persona) es insolvente, y concretamente vamos a hablar de la figura delictiva de la insolvencia punible.

Antes de adentrarnos en el tema decir que en este artículo no vamos a entrar a a analizar los límites de la responsabilidad de un freelance ante las deudas que pueda acarrear ante un emprendimiento según la nueva legislación, ni de otras cosas análogas, o por el estilo, pues en este caso lo que se quiere exponer es que sucede cuando se es insolvente y las consecuencias de serlo, y teniendo siempre presente que se hace hablando desde la realidad legislativa española, en base al vigente Código Penal español y sin adentrarnos en consideraciones o análisis de otros países donde la realidad podría ser bien diferente.

De entrada, y ahora sí adentrándonos en el tema, tenemos que decir algo bien simple pero que parece que una gran parte de la sociedad no lo conoce: ser insolvente, tener deudas o directamente ser o convertirse en una persona pobre, sin recursos económicos no es delito, eso tiene que quedar muy claro, pues en un momento como el actual donde lamentablemente muchos profesionales, empresas y personas en general entran en una situación económica más que delicada, todas las amenazas de los acreedores, todas las “bravuconadas” de los gestores de recobro, no son más que fuegos de artificio, estrategias para asustar al que lo desconoce, pero reitero, ser pobre, no poder pagar deudas, ser insolvente no es delito, ni tiene en consecuencias penales, podrá tener una consecuencia civil y embargarnos los bienes para que paguemos (si tenemos bienes que embargar, y depende de cuáles, pues incluso puede que ni esto) pero nada más.

Ahora bien dicho lo anterior cabe matizar una cosa, tener deudas, no poder pagar y ser insolvente y todo ello no es delito, pero si que lo es el buscar las deudas, el no pagar intencionadamente o el provocar la insolvencia. Dicho de otro modo, la pobreza no es delito, lo que si que lo es el dolo (la culpa) o la mala fe en ello, ahí está la clave de todo: si no existe dolo ni mala fe no hay delito.

Podemos tener mil y una deudas de las que sean (proveedores, financieras, etc.) que si se ha producido porque simplemente nos ha ido mal y no podemos pagar no pasa nada, ahora bien si lo hemos hecho intencionadamente eso es otro caso, si existe culpa o mala fe, podemos estar hablando de estafa, y otras cosas, y eso si que es delito, del mismo modo que es delito tener unos bienes y sabiendo que nos los van a embargar o lo que sea venderlos para que no nos los cojan, eso será alzamiento de bienes y por tanto también delito, eso son delitos, en la culpa o mala fe está el delito no en el acto fortuito de que la empresa, la profesión o la vida nos vaya mal y no podamos pagar.

Así, y para los supuestos en lo que si que existe delito en la insolvencia (en el haberse convertido en “pobre patrimonialmente” para que no nos puedan embargar, en el esconder el dinero por ejemplo a través de terceros para que no nos puedan embargar) y ante ello entonces aplica lo estipulado en el Código Penal decir que el mismo en su capítulo VII (que versa sobre las insolvencias punibles) determina a partir del artículo 257 los supuestos, condiciones y consecuencias que acarrean este tipo de acciones.

De ello, de lo anterior, de lo establecido sobre las insolvencias punibles en el vigente Código Penal español tan sólo hacer mención a dos de los puntos más importantes de lo que todo el articulado al respecto establece:

Primero es interesante fijarnos específicamente lo que dicta el artículo 257.1 del CP, artículo que en su totalidad nos dicta que
“Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses:

1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

2.º Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación”

Y en el punto 257.2 que

“Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u
origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada”

Finalmente es interesante lo que nos dice el artículo 269 del CP. Dictándonos el mismo que:

“Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses, el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto”.

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