Como afecta al trabajador freelance la nueva ley española de limitación de recibir y realizar pagos en efectivo por más de 2500€ en las transacciones profesionales

En España, acaba de entrar en vigor una controvertida medida, aprobada por el actual gobierno del estado, una medida que en supuestas aras de intentar combatir el fraude fiscal y combatir la economía sumergida limita los pagos en efectivo. Una medida que sin ningún tipo de lugar a dudas, puede afectar y afecta al trabajador freelance.

Primero, si entrásemos a analizar la viabilidad de esta medida para lograr los medios que pretende (en esencia evitar el típico “con IVA o sin IVA” y lograr que todo aquel que realiza una actividad profesional económica este dado de alta contribuyendo a la hacienda pública), decir que quien este artículo suscribe duda de la efectividad de la medida, a la vez que duda, incluso de la legitimidad moral de la misma, máxime cuando quien firma entiende que lo que se debe de hacer es estimular la actividad empresarial y económica y no coartarla. Además de entender que dicha medida perjudica (en un momento socioeconómico especialmente delicado) a sectores de profesionales, algunos freelance, máxime cuando les obliga a estos a soportar mayores cargos bancarios e incluso perder clientes que no quieran dejar de pagar en efectivo.

Evidentemente, lo anterior, son opiniones meramente personales de quien firma, sin ninguna validez más allá de un posicionamiento personal, y no es en ellas en lo que vamos a profundizar en este artículo. Entonces, en lo que si que nos vamos a adentrar en este artículo es en ver en como afecta en el trabajador freelance está medida:

En esencia, el trabajador freelance se ve afectado por esta medida, incluida en el paquete de medidas en la nueva Ley contra el fraude, dado que a partir de ahora (y del mismo modo que sucede en otros países en una modalidad y otra, y en una determinada cantidad u otra) no podrá cobrar en efectivo por los servicios que preste, las facturas que emita por valor superior a 2500€ (dos mil quinientos Euros).

Concreta y específicamente la ley establece que en aquellas operaciones donde intervenga un empresario o profesional y que el importe sea superior a la cantidad anteriormente mencionada, la transacción no podrá realizarse en efectivo. En la práctica ello significa que nos deberán pagar por medios como la transferencia o ingreso bancario, tarjeta de crédito u otros medios donde quede fehaciente constancia del pago.

Obviamente ello nos puede conducir a pensar que aunque obviamente no deba hacerse, tal y como dice la ley “hecha la ley, hecha la trampa” y la cosa no cambiará mucho, pues el cliente que siga sin querer factura o el profesional que no la desee emitir, lo acordarán y ello resultará muy difícil de detectar para la hacienda pública. Pero en estos casos, también ha pensado el legislador y instaura formalmente una figura para ello: “el delator fiscal”.

El delator fiscal es aquel, que después de haber incumplido con lo que establece la ley, se “arrepienta” y confiese, delate la operación al fisco español. Ello, hecho en la forma y fondo que establece la ley le exonerará de cualquier tipo de responsabilidad por el incumplimiento realizado. Dicha forma y fondo no es otra que delatar la operación en el plazo máximo de 3 meses después de haberse realizado la indebida transacción y para hacerlo, el fisco no ha dudado en habilitar un acceso a través de su página Web oficial para que el delator pueda delatar la operación y/o autoinculparse (decir que ello puede resultar interesante, a priori, a aquellas partes que quieran perjudicar a la otra por una mala relación entre ellas, o bien por temer o tener indicios de que el fisco les acecha y anticiparse a ello para evitar las alargadas garras del mismo).

Ahora bien, ¿qué sucederá con aquellos profesionales freelance, o con cualquier persona o profesional que incumpla la ley y que no se avenga a delatar ni delatarse?  Pues a estos, si el fisco consigue detectarles, la sanción aplicable, será del 25% del importe pagado en efectivo.

Y llegado ese caso, llegado el caso que la hacienda pública nos ha sancionado, ¿quién pagará la multa? La ley establece que el fisco podrá exigir pagar la multa tanto al comprador como al vendedor, o incluso a ambos. Además, la ley establece que el pago de dicha multa es solidario, ello significa, que con independencia de quien sea finalmente el multado, en el caso de que este (por ejemplo un empresario insolvente) no pueda hacer frente, la obligación del pago de la multa recaerá “solidariamente” en la otra parte.

Para finalizar, decir que para los que en la operación de pago en efectivo intervenga una persona no residente en territorio español, este mínimo de 2500€ se ve incrementado y se establece en 15000€ (quince mil Euros). Una medida, esta ampliación, que quien firma, dentro de lo malo, encuentra extremadamente positiva.

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