Garantías y obligaciones que adquirimos ante un cliente ante la prestación de un servicio como trabajadores freelance

Muchos se piensan que cuando ofrecemos o vendemos un servicio y/o producto de modo freelance, lo hacemos legalmente de forma distinta que cuando lo hacemos en unas dependencias físicas o bien a través de otro tipo de organigrama, estructura o denominación, pero en realidad, ello para nada, en esencia, es así.

Veamos para empezar y dicho de forma muy resumida: nuestras obligaciones con nuestro cliente y los derechos del mismo en relación a nosotros en virtud del servicio u producto que le hemos vendido, prestado, alquilado, etc., son las mismas sean la modalidad como sea que se lo hemos vendido, es decir, nuestras obligaciones y sus derechos nacen por la mera prestación del servicio o ejecución de la transacción comercial, no por la forma de la misma.

Atención que dicho esto no significa (y esto es a lo que iremos a continuación) que no sea distinto que le prestemos el servicio por ejemplo desde una localización u otra, y que nuestro servicio sea por ejemplo el que emana de una relación profesional liberal o de una venta comercial de comercio minorista por poner dos simples ejemplos.

Y conste también que una vez dicho esto, y a pesar de que la razón, la lógica y la legislación, pueda decir que las garantías y los procesos pueden ser tales, en realidad y en la ejecución práctica del día a día, en muchas de las relaciones freelance, no es tan fácil, sino ya determinar, sino perseguir o reclamar, los problemas que surjan a lo largo de la prestación. Pues es obvio, que en muchas ocasiones cuando se trata de servicios freelance a distancia, o casi no se sabe bien a quien reclamar, o bien la dificultad (y los costes) de hacerlo superan muy mucho los beneficios, las ventajas y los resultados de iniciar un proceso de reclamación en toda regla.

Pero dicho lo anterior, uno y ateniendo al literal de lo que establece la ley, y de lo que se supone que debería de ser (independientemente de la complejidad de los casos anteriormente expuestos, o de aquellos casos por ejemplo donde la relación comercial entre el prestador de servicios y el cliente se da entre entres de distintos países), es destacable, que en esencia nuestras obligaciones y sus derechos (por los derechos del cliente) son los mismos.

Y ¿cuáles son esos derechos de nuestros clientes?, ¿y cuáles son nuestras obligaciones? Pues obviamente también, los derechos y las obligaciones son distintos y de distinta naturaleza según sea la naturaleza del producto o servicio que ofrezcamos, pero en general y a grandes rasgos, bien podríamos hablar de las dos siguientes categorías:

Por una parte nos encontramos con la categoría de la garantía y el recibir un producto no defectuoso y ausente de taras, problemas o vicios ocultos. En este caso, nos encontramos ante uno de esos casos en los que por ejemplo si de una venta comercial minorista se trata, la legislación competente, independientemente de nuestra localización, es la que emane de la localización del cliente, pues si bien en otros muchos casos, el fuero aplicable es distinto o es negociable entre las partes, en el mundo del comercio minorista online (u offline), la legislación (derechos del consumidor, etc.) son las del comprador y no el vendedor, con los consiguientes problemas que ello nos puede representar si no somos capaces de dar una cobertura comercial en el ámbito territorial donde estemos vendiendo (sin que ello signifique que esos problemas sean fáciles de perseguir), etc.

Y por otra parte nos encontraríamos ante un caso muy distinto, pero para nada menos importante, nos encontramos por ejemplo con el caso de aquellos profesionales freelance, que prestando una profesión liberal (médicos, abogados, arquitectos, etc.) se ven con la obligación (y sus clientes con el derecho) de realizar unos servicios acordes a la legislación, sin negligencias, etc.

En este último caso, es obvia y notoria la diferencia primero que se tendrá que hacer entre profesiones que requieran de regulación o titulación específica, pues en estos casos se estará a tenor de lo que se establezca reglamentariamente donde se va a prestar físicamente el servicio para prestarlo adecuadamente, so pena de cometer acto ilícito por distintos motivos. Y también se deberá diferenciar entre aquellos profesionales que ejerciendo adecuadamente su función no consiguen sus objetivos o consiguen objetivos contrarios al perseguido (por ejemplo un abogado que pierde un caso, o un médico al que se le muere un paciente en la mesa de operaciones), y otra la de aquellos profesionales cuyos “accidentes” se producen por dolo, negligencia o mala fe.

Y por último y para finalizar, también deberemos diferenciar entre aquel derecho u obligación que nazca de nosotros mismos como freelance autónomos en la prestación de un servicio prestado directamente (fontaneros, abogados, programador, etc.) que si por ejemplo vendemos un producto defectuoso como representantes comerciales freelance a salario de un tercero. Resulta obvio que en el primero de los casos, la responsabilidad será plenamente nuestra, y en el segundo (y sin perjuicio de que existen otras variables pero que perturbarían la comprensión de este artículo), la responsabilidad será la de la empresa que ofrece el producto, pues nosotros seríamos (a priori) de ella meros intermediarios.

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