Del acceso a la jurisdicción social, de la preparación de una demanda y de la subsanación de errores en la misma para poder acceder al proceso judicial

Por el título de este artículo ya se puede imaginar que el tema que se va a desarrollar en el mismo es denso y complejo, y efectivamente así es. Por ello es intención del autor del mismo exponerlo de una forma desgranada, desglosada y especialmente didáctica y llana. Vamos allá.

Introducción

¿A qué se refiere de forma simple y llana un título tan complejo como el que lleva este artículo y qué relación tiene con el mundo de los freelance? Pues bien, el título no se refiere a otra cosa que a como un trabajador freelance que tenga que interponer una demanda de carácter laboral puede y debe interponerla, y en como puede corregir los errores que cometa en la presentación de la misma.

Decir por supuesto que tanto el acceso a la jurisdicción (el derecho a presentar una demanda dicho coloquialmente) no se corresponde únicamente a la jurisdicción social (a los juzgados que tratan temas laborales), sino que es inherente a los derechos básicos de los ciudadanos y que es transversal a otro tipo de jurisdicciones como la de lo civil, penal, etc.

Dicho lo anterior, tampoco está de menos decir que en el desarrollo de su actividad profesional, el freelance puede no tener que acudir a la jurisdicción social, y sí que tener que interponer una demanda ante juzgados de lo civil, de lo penal, de lo contencioso-administrativo u otros según los casos, y si bien en todos estos casos el derecho de acceso a la justicia puede ser el mismo (pues en el caso español se encuentra consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución, donde establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. ), también es cierto que en todos los casos ni la forma de poder acceder a la misma, ni los procedimientos o requisitos serán los mismos (necesidad de abogado y procurador, etc.).

Por todo ello aquí, vamos a centrarnos en uno de los casos más simples y que más comúnmente afectan al trabajador freelance: a los casos que se dirimen en los juzgados de lo social. Y entendiendo siempre que en este artículo simplemente nos referimos a la primera parte del proceso, es decir, a la de la presentación de la demanda, y no nos adentraremos en el desarrollo del proceso judicial mismo que debe de concluir en sentencia, ni mucho menos nos adentraremos en los posibles recursos que después de dicha sentencia se pueden acometer, pues ello alargaría en exceso esté artículo, entraría en un terreno muy complejo que se aleja del valor didáctico de este artículo y podría incluso crear confusión en el lector o lectora.

Del acceso a la jurisdicción social

Llegado el caso de que nos haya surgido un conflicto en el transcurso de nuestra relación laboral como trabajadores freelance y que este conflicto sea competencia y se deba dirimir en la jurisdicción social, lo primero que deberemos conocer es que para acceder a la misma no será obligatoria la presencia de abogado ni procurador, es decir, que si lo deseamos tendremos todo el derecho de presentar la demanda por nosotros mismos, y no será necesario que en el proceso contemos con el abogado o procurador que nos asista, factor (el de la presencia de abogado y procurador) que si que resulta preceptivo y obligatorio en otro tipo de los ámbitos de los juzgados.

Ante lo anterior, destacar, que si bien, en la jurisdicción social no se da la obligatoriedad de comparecer o de llevar el proceso asistidos de abogado y procurador, Esa no obligatoriedad, no significa que no sea altamente recomendable que acudamos provisto de quien nos asista, pues evidentemente (y aunque los juzgados que nos van a atender se basen en el principio pro actione, es decir, en el derecho a ser oídos por un juez y a que se nos permita el acceso a la justicia) no tendremos las mismas “armas” para defendernos a lo largo de todo el proceso, que una parte que si que comparezca con abogado y procurador o bien sea ducha en derecho laboral.

De la preparación y subsanación de una demanda

Si dicho lo anterior, decidimos tirar adelante por nuestra cuenta con la demanda, debemos saber que para preparar la misma deberemos reunir unos requisitos indispensables y básicos para que esta sea admitida por el juzgado y se inicie el proceso judicial.

Destacar que en base a ese principio pro actione mencionado, y en base al derecho fundamental consagrado como se ha visto en el artículo 24.1 de la CE, las formalidades que deberá reunir una demanda para que esta sea admitida son pocas, pero existen, y se encuentra establecido en el artículo 80 la Ley de Procedimiento Laboral, concretamente estableciendo textualmente que:

“1. La demanda se formulará por escrito y habrá de contener los siguientes requisitos generales:

a. La designación del órgano ante quien se presente.

b. La designación del demandante, con expresión del número del documento nacional de identidad, y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso y sus domicilios, indicando el nombre y apellidos de las personas físicas y la denominación social de las personas jurídicas. Si la demanda se dirigiese contra un grupo carente de personalidad, habrá de hacerse constar el nombre y apellidos de quienes aparezcan como organizadores, directores o gestores de aquél, y sus domicilios.

c. La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o en la reclamación administrativa previa, salvo que se hubieran producido con posterioridad a la sustanciación de aquéllas.

d. La súplica correspondiente, en los términos adecuados al contenido de la pretensión ejercitada.

e. Si el demandante litigase por sí mismo designará un domicilio en la localidad donde resida el Juzgado o Tribunal, en el que se practicarán todas las diligencias que hayan de entenderse con él.

f. Fecha y firma.

2. De la demanda y documentos que la acompañen se presentarán por el actor tantas copias como demandados y demás interesados en el proceso haya, así como para el Ministerio Fiscal, en los casos en que legalmente deba intervenir.”

Una vez dicho esto, destacar que aun y en el caso de que en la presentación de la demanda incurramos en defectos en la misma (es decir, que no incorporemos todos los datos que nos pide y exige la ley, etc.) o que cometamos algún error, tampoco debemos tener miedo a que la misma nos sea rechazada automáticamente de pleno derecho. Pues la ley, también en beneficio del acceso a que el ciudadano pueda ejercer libremente su derecho a la tutela judicial efectiva establece que el juzgado deberá dar cuenta a la parte que ha incurrido en esos defectos para que los subsane. Esta regulación de la subsanación de la demanda se encuentra establecido en el artículo 81 de la LPL donde se establece concretamente que (atención pues este artículo ha sido reformulado desde la entrada en vigor de la Ley 13/2009 y ha quedado redactado de la siguiente forma):

“1. El Secretario judicial advertirá a la parte de los defectos u omisiones de carácter formal en que haya incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días.

2. Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación previa, el Secretario judicial advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación.
3. Realizada la subsanación, el Secretario judicial admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre su admisión.

Para finalizar este artículo y como otro dato que puede favorecer al demandante destacar que de dicho artículo 81, en su parte tercera, no se desprende que de no subsanarse correctamente todos los defectos subsanables la demanda no sea admitida a tramite automáticamente, sino que establece que en caso de no ser subsanada, el secretario judicial (que es quien en primera instancia dictaminará la admisión de la demanda) dará cuenta al tribunal (es decir, al juez) para que decida si nos admite o no la demanda.

Dicho lo anterior de otro modo, será el mismo juez el que decidirá si los defectos no subsanados nos impiden el acceso o no a la jurisdicción. Denegación que por otra parte podría abrirnos las puertas a acudir (después del debido recurso de reposición ante el mismo tribunal que ha dictado la no admisión, y demás preceptos) al tribunal constitucional para garantizar nuestro derecho a la tutela judicial efectiva, pero ese en todo caso es otro (y controvertido) tema, que se aleja muy mucho del objetivo y alcance de este artículo.

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