Una vez más parece que se margina al colectivo de los autónomos en situaciones que les afecta directamente, y esto es el caso que podría surgir en cuando a la negociación abierto sobre la composición de los órganos de Gobierno de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades, recordando que  no son pocos los autónomos que están afiliados a ellas sino todo lo contrario.

El Presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado que “nadie tiene la potestad de incumplir la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo que en su artículo 21.5 letra b) otorga capacidad jurídica a las asociaciones profesionales representativas de trabajadores autónomos para ser consultadas en todas aquellas medidas que incidan sobre el trabajo autónomo”, y señala “es evidente que cualquier decisión relativa a las Mutuas afecta a los trabajadores autónomos y por tanto por ley debemos ser consultados”.

Por eso mismo, los autónomos deben estar presentes en las negociaciones de las mutuas, comola negociación abierta relativa a la composición de los órganos de Gobierno de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades, en que los autónomos también deben tener peso de decisión ya que más del 95% de los autónomos están mutualizados. Es imprescindible que los autónomos tengan poder de decisión en el debate sobre los órganos de gobierno de las Mutuas, ya que tienen una representación muy importante de mutualistas.

Lorenzo Amor se queja de que se está dejando de lado en estas cuestiones, al igual que en muchas otras, a los representantes de los autónomos que representan a un colectivo muy importante a nivel económico pero también un colectivo muy importante en cuanto que una proporción superior al 95% de ellos están mutualizados.

Por eso mismo, no tiene sentido que se les margine y no se les deje defender sus derechos en estos aspectos, negándoles a defender sus intereses y seguir las coberturas del colectivo. La participación supone tomar decisiones y defender los derechos, sin embargo parece que hay que reclamarlo.

Recordemos que los autónomos no son un colectivo pequeño ni un colectivo insignificante, sino un colectivo que a pesar de que en muchas ocasiones se encuentra discriminado es un colectivo con mucho poder, sobre todo a nivel económico, ya que los autónomos son fuentes de creación de empleo, son mayor riqueza para las mutuas, son mayor riqueza para el país en el que se encuentran y son un colectivo que debe tener los mismos derechos que los demás.

¿Cuántos emprendedores o emprendedoras comenzaron a desarrollar un proyecto, llenos de ilusiones, para verlo naufragar irremediablemente a los pocos meses de iniciado? ¿Qué fue lo que falló? ¿Capacidad, conocimientos, equipamiento, financiación? ¿Faltó “espíritu emprendedor”? Hoy analizaremos qué influencia tienen ciertos factores de la personalidad en el éxito de un proyecto.

¿Por qué estudiar a los emprendedores y emprendedoras?
Los cambios en el llamado “mercado laboral”, la desaparición de miles de puestos de trabajo, la desocupación, el acceso a Internet en los hogares, junto a otros factores económicos y culturales, han llevado en los últimos años a una explosión de emprendimientos y microemprendimientos, muchos de ellos promovidos y hasta financiados por gobiernos locales, a fin de dar una respuesta a las necesidades de la población. Al mismo tiempo, instituciones y universidades han comenzado a estudiar el fenómeno, tratando de identificar los factores determinantes que hacen al éxito o el fracaso de un proyecto. De hecho, los emprendimientos son analizados actualmente por la Economía como un factor clave para el desarrollo económico y social, por su contribución a la generación de ingresos y creación de nuevas actividades. Por otra parte, los proveedores de fondos para emprendimientos (el gobierno, la banca pública, organismos internacionales, asociaciones locales) necesitan tener algún grado de certeza o garantía acerca de que el proyecto funcionará, apoyado en la fortaleza o caracterización del emprendedor o emprendedora.

¿Qué es un emprendedor?
Esta pregunta no es tan sencilla de responder como parece.  De hecho, parece que es la pregunta que desvela a economistas y funcionarios gubernamentales.  Podríamos decir que un emprendedor o emprendedora es una persona que tiene una idea de negocio para desarrollar que, según su proyecto, le generará los ingresos necesarios como para vivir y continuar. Sin embargo, si el emprendedor necesita apoyo externo como proveedores de fondos u organismos de gobierno, se evaluarán otros factores, entre ellos la historia laboral y el grado de aversión al riesgo. Según un estudio de una universidad chilena en base a datos de la Encuesta de Protección Social, una de las características de los emprendedores/as es la experiencia laboral y un razonable gusto por el riesgo. También se analizaron los resultados de los emprendimientos anteriores y si ha ganado experiencia en el descubrimiento de nuevos nichos o formas innovadoras para hacer las cosas.  Además se evaluó un factor muy interesante: el conocimiento por parte del emprendedor, de las características del sistema financiero como un factor determinante. En cuanto a los factores externos, es decir, más allá de la personalidad y conocimientos del emprendedor, se valora el papel del grado de desarrollo económico local, la tecnología disponible, la cultura y las instituciones.

Mejor en pareja
Según el mencionado estudio, un emprendedor o emprendedora se caracteriza no tanto por sus conocimientos en un área específica, sino su equilibrio en un conjunto de habilidades. El conocimiento del sistema financiero es un factor de peso, de manera que, si estás por comenzar tu emprendimiento y no sabes nada del tema, es conveniente que comiences a informarte. Pero hay algo más. Según el estudio chileno estarían en mejores condiciones de obtener financiación o ayuda estatal… ¡las personas que están en pareja! De hecho, esta variable fue tan importante como la menor aversión al riesgo y el conocimiento del sistema financiero, y más relevante, a la hora de identificar candidatos a obtener financiación estatal para un emprendimiento, que la experiencia anterior o el nivel de estudios.

El auge de las profesiones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación y en general el auge de las profesiones desarrolladas por trabajadores freelance ha traído consigo un aumento de una realidad incontestable: la utilización del domicilio
habitual del trabajador freelance como lugar de trabajo. Y eso, que a priori puede parecer completamente normal, merece algunas consideraciones al respecto.

Para empezar se deberá aclarar que no en todas las jurisdicciones ni realidades nacionales, incluso en muchos casos ni en distintas realidades regionales la regulación será la misma. En este artículo se va a tratar concretamente sobre lo que dice la legislación española, básicamente a través de lo que indica la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) que es la ley que regula primordialmente estos aspectos. Es obvio tal y como se
mencionaba, entonces, que la realidad podrá ser completamente diferente en otra zona del mundo, pero esta realidad aquí expuesta sirve de buen punto de partida para situar al lector o lectora en el ámbito de sus actuaciones profesionales en el marco de la vivienda donde tenga establecida su residencia habitual.

Obviamente un primer punto que deberemos conocer es el punto que versa sobre el concepto mismo de vivienda habitual. Así y al respecto vemos que la LAU establece que “se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario” (Art. 2.1 de la LAU). En consecuencia podemos comprobar que la legislación marca como requisito indispensable que para ser considerada una vivienda destinada al uso de vivienda personal habitual la
misma debe de “….satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario…”.

En virtud de este artículo mencionado vemos que la legislación no establece que la vivienda sea para un uso profesional del arrendatario. Como mínimo no lo establece en el marco en el que este artículo se expresa, que es en el de aquella persona que no ha alquilado específicamente la vivienda para un uso profesional (locales de negocio), que en todo caso se regiría por sus propias condiciones y particularidades. Si no que este artículo se refiere al caso más habitual, al caso de una persona que vive en una casa y paralelamente en ella practica actividades profesionales.

Así vemos que la LAU a priori no autoriza pero tampoco niega expresamente la realización de actividades empresariales o profesionales en la vivienda, por lo que evidentemente una interpretación simple de la LAU podría llevarnos a la conclusión de que no existe impedimento alguno para poderlas practicar, pero no es exactamente así.

Y no es exactamente así, dado que en caso de practicar actividades empresariales o profesionales en la vivienda se podría interpretar que la vivienda no tiene el exigido uso de vivienda primordial del arrendatario, pudiendo ello generar controversia con el propietario y que este pudiera pedir ejercer derechos de resolución contractual. Por lo que una lectura en superficie nos lleva a la conclusión de que es apropiado que en el momento de formalizar el contrato en cualquiera de las formas admitidas en derecho (“Las partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización por escrito del contrato de arrendamiento” Art. 37 de la LAU), figure la autorización expresa de que en la vivienda arrendada por el arrendatario el mismo puede practicar actividades profesionales y el alcance y límite en todo caso de las mismas, y no que figure la cláusula en contrario tal y como es habitual en los contratos de arrendamiento mayoritariamente.

Y es en ese caso, en el de figurar la autorización expresa de que en la vivienda puedan practicarse actividades distintas al uso de vivienda habitual donde la LAU si que establece unas consideraciones muy claras al respecto:

En primer lugar la LAU reconoce que el arrendatario en caso de tener la vivienda arrendada para usos profesionales tiene derecho en todo caso a ceder el contrato de arrendamiento sin contar con el consentimiento del arrendador. Concretamente la LAU establece este derecho en su artículo 32.1 donde textualmente establece que “Cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento, sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador”. Por contra y en contrapartida la LAU establece el derecho del arrendador a “una elevación de renta del 10 % de la renta en vigor en el caso de producirse un subarriendo parcial, y del 20% en el caso de producirse la cesión del contrato o el subarriendo total de la finca arrendada” (Art.32.2 de la LAU)

Todo ello nos lleva a la conclusión de que un trabajador freelance, en el caso de no constar prohibición expresa y siempre y cuando mantenga la función de vivienda habitual, no debe de tener problemas para trabajar por su cuenta en el mismo domicilio, y más cuando entendemos que en la mayoría de estos trabajadores no existe maquinaría o demás consideraciones que desvirtúen el sentido de la vivienda más allá de un equipo informático y poco más. Si bien es cierto que existen profesiones que por su propia naturaleza e idiosincrasia pueden tener casos más complejos.

Evidentemente ello no tiene relación con las implicaciones en impuestos municipales u otros que pueda tener en un profesional freelance ejercer actividades profesionales en su hogar. Y evidentemente todo ello sin relación con los derechos por ejemplo que pueden dar lugar a la resolución del contrato en el caso de que las actividades (personales o profesionales) que el inquilino realice en el domicilio resulten inapropiadas.

En el caso de lo establecido en el marco de la última parte del párrafo anterior, la LAU también es clara al respecto, y por ejemplo establece los siguientes importantes puntos. Puntos que tienen relación directa en todo lo mencionado a lo largo de este artículo y que concretamente se encuentran regulados en el artículo 27 de la LAU. Siendo de especial mención en relación a lo que se refiere a lo expuesto en este artículo los puntos D, E y F del mencionado artículo. Quienes por orden y respectivamente establecen que dará derecho a la resolución del contrato cuando se de un incumplimiento de obligaciones, concretamente cuando en la vivienda se produzca “la realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por el arrendador, cuando el consentimiento de éste sea necesario” (Art. 27.D de la LAU), o bien “cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas” (Art. 27.E de la LAU), o en el último caso que nos incumbe en este artículo “cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente la viniera ocupando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7” (Art. 27.F de la LAU).

Para finalizar tan sólo indicar que nunca debemos olvidar que un buen pacto previo nos evitará o podrá evitar tal y como ya se ha visto multitud de conflictos posteriores. Y para finalizar también tan sólo indicar que obviamente estos conflictos, supuestos y demás apartados mencionados en este artículo no significa que en la relación contractual que une a un arrendatario con un arrendador no existan otros motivos que puedan dar pie a otros conflictos e incluso peticiones de resolución contractual, independientemente de que en la vivienda se ejerzan actividades profesionales o no. Las mismas pueden ser de diversa índole y calado, pero en la mayoría de casos se refieren al pago de las rentas o bien a la realización o la falta de realización de las obras de mantenimiento requeridas, pero esos son otros casos.