En los últimos años está en auge el modo de trabajo freelance y este modelo va a ir a más en los próximos años pues el auge, avance y consolidación de las tecnologías de información y la comunicación y la necesidad de un nuevo marco de relaciones laborables más flexible, más autónomo son el perfecto abono, el perfecto caldo de cultivo para que la forma de trabajar freelance ya no sea un reducto de unas pocas profesiones o personas, sino que se extienda en el seno de la sociedad cada vez más ya no solo como una alternativa profesional, sino que se consolide como una realidad profesional más.

Pero todo este auge y consolidación del modelo freelance nos trae muchas preguntas y dudas al respecto, una de ellas, puede que en la lista de las más importantes, es la de cómo garantizar la seguridad jurídica, la seguridad contractual en este modo de relación profesional. Pero para entenderlo primero hemos de entender muy bien en sí mismo el concepto freelance.

Concepto freelance

Y es que como se decía en las líneas anteriores la vinculación contractual y la seguridad jurídica vendrán asociadas al tipo de relación que se establezca, por ello es muy importante diferenciar entre los distintos tipos de trabajo freelance.

En los últimos años puede que por estandarización del término en algunos casos, por desconocimiento en otros y por perversión del concepto en el resto, parece ser que a todo trabajo realizado fuera de la oficina se le llame freelance, técnicamente aún cada uno le da una acepción determinada al término freelance pero en lo que se refiere a la concepción que nos configurará una relación contractual u otra que es lo que aquí nos concierne existen los siguientes tipos de trabajos y trabajadores freelance, cada uno de ellos con unas particularidades distintas.

Para empezar en el término clásico de la palabra bien podríamos decir que el trabajo freelance o trabajador freelance es equiparable al término autónomo o trabajador por cuenta propia, es decir a aquel que presta sus servicios profesionales directamente al cliente final o bien a través de una empresa sin estar asalariado en ella, sino a la que le presta sus servicios bien sea en exclusiva o parcialmente. En este caso la vinculación contractual existente estará regulada por la legislación laboral vigente en cada país en lo que se refiere al trabajador autónomo, como norma general siendo un régimen especial de la seguridad social u órgano competente, esto por lo que se refiere a vinculación laboral, otra cosa es los derechos contractuales que emanen a nivel de comercio de nuestra prestación de servicios.

Actualmente además el trabajo freelance se ha extendido en la aceptación de este término, (aunque para muchos eso no es un auténtico trabajador freelance) a todo aquel trabajador autónomo o asalariado, a tiempo completo o parcial, que desarrolle sus funciones profesionales fuera del seno de la compañía, es decir fuera de sus oficinas y bien que lo realice en su propia casa, en otras dependencias o bien que sea por ejemplo un vendedor que va con un equipamiento informático y telefónico por la calle, ello aún y con las reservas de que se pueda considerar realmente trabajo freelance y aceptando con esas mismas reservas si así comúnmente le denominan que así se le denomine, en cualquier caso nos encontraremos simplemente en una regulación laboral al uso sin más particularidades que establecidas en la legislación laboral general y/o particular vigente en cada momento.

Pero todo ello trasladado al nuevo concepto de trabajador freelance entendido como aquella persona que no depende de nadie y que especialmente a través de clientes que consigue a través de páginas de internet o cualquier otro medio presencial o virtual vende sus servicios a un determinado cliente (ya sea este particular o empresa, y ya sea para hacer trabajos puntuales o de largo recorrido de cualquier ámbito o sector, como por ejemplo pero sin que sea excluyente de cualquier otro: La realización de contenidos escritos, diseño de páginas web, diseño gráfico, traducción o corrección de textos, desarrollo de programas informáticos, etcétera), ¿cómo se regula?, ¿qué valor y garantías contractuales existen al respecto?, adelantando que este concepto se asemeja al de profesional por cuenta propia de toda la vida pasemos a verlo.

El valor de la prueba

Llegados a este punto no solo hay que decir las cosas técnicamente como son sino que también hay que decirlas como son en realidad: Si analizásemos puramente este tipo de relaciones que se establecen, ya sea a través de internet o de cualquier otro medio, las deberíamos enmarcar pura y duramente dentro del marco laboral y fiscal, ello quiere decir que legislación en mano deberíamos para prestar servicios como trabajadores freelance estar dados de alta como trabajadores por cuenta propia, cotizar los impuestos correspondientes, emitir facturas, tributar los impuestos correspondientes, etcétera. Pero ello aunque debería y debe de ser así (y de ninguna de estas palabras se debe de desprender una invitación a no hacerlo, todo lo contrario, pues la regulación laboral y con el fisco de nuestro país nos dará unas ventajas innegables, además de ser de ley y de ser símbolo de la prosperidad de nosotros mismos como profesionales) en la mayoría de estos casos no lo es.

Y es que no siempre vivimos en el marco perfecto que deberíamos vivir, si miramos la realidad veremos que en muchos casos es así, en otros igual aun y siendo así el trabajador acepta trabajos sin reunir estos requisitos fiscales y demás (esto ya existe desde la antigüedad) y en otros muchos casos, especialmente en contrataciones que se realizan a distancia, entre distintos países, etcétera, nos encontraremos que ni muchos contratados reúnen estos requisitos y que la mayoría de los contratantes tampoco los requieren, entonces ¿cómo garantizar o preservar el valor contractual entre ambos?

Aquí entramos en un punto interesante y que no todo el mundo conoce, que nosotros no reunamos los requisitos fiscales o laborales correspondientes no quita que si prestamos un servicio no nazca y emanen de esa relación unos derechos y unas obligaciones concretas, no hablamos de los derechos de prestaciones o subsidios del estado, hablamos simplemente en este caso del marco de una persona que presta un servicio y de un cliente que recibe ese servicio, en este caso no dependerá ni tendrá relevancia la situación laboral o fiscal del prestador de servicios, este es un tema particular suyo con el organismo público correspondiente, no con el cliente, con este le une una relación comercial, regulada por el código de comercio y demás (u normas análogas según el país) y de esa vinculación nacerán los derechos de cumplir con lo pactado, de cumplir los términos, pagos, etcétera.

Evidentemente el problema que nos podemos encontrar en muchas ocasiones en estas situaciones es que aún y cuando legalmente la ley nos reconozca la posibilidad de defender nuestros derechos nos encontraremos con la gran dificultad o bien por una parte de demostrar que existe la relación comercial o bien aun y cuando la podamos demostrar nos será difícil hacerlo por encontrarnos en distintos países. Ante la primera diatriba lógicamente como más medios de prueba (hoja de contratación, contrato, emails, etcétera), más fácil nos será protegernos y reclamar nuestros derechos y que estos nos sean resarcidos en caso de conflicto, no es que el pacto verbal o no fehaciente no sea válido o nulo, pero en esos casos la dificultad recaerá en poderlo probar. Y en el caso de distintos países (o reclamaciones de pequeño importe), deberemos estudiar si realmente iniciar una reclamación judicial nos será rentable, seguro que en la mayoría de los casos no será así, por eso protegernos de entrada con pagos parciales por adelantado, etcétera, será una buena solución para en caso de conflicto no resultar tan perjudicados, repartir riesgos y preservar nuestros derechos de antemano.

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